Hoy toca un tema que ha estado, está y estará presente en el mundo radiofónico: la gestión de las emisoras municipales. Según la normativa, el ayuntamiento de un municipio puede pedir que se le otorgue una licencia de radiodifusión. Su gestión debe de ser municipal y pública, aunque se les permite que los medios materiales y profesionales pueden ser aportados por entidades privadas. Pues aquí hemos dado en uno de los problemas.
A principios de año la Associació Catalana de Ràdio (ACR) denunció el intento del Departamento de Presidencia de la Generalitat de permitir, mediante un Proyecto de Decreto Ley, la gestión privada de las emisoras municipales. Los casos directos que la entidad ponía como ejemplos eran los de Gerona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d’Aro, Castellvell del Camp, Santa Coloma de Farners, Sant Vicenç de Motalt, Sant Sadurní d’Anoia y Sant Just Desvern.
Las denuncias se realizan en primera instancia ante el Consejo Audiovisual de Cataluña, que algunas veces no actúa y se terminan poniendo en los juzgados correspondientes, que acaban dictando sentencia a favor de la asociación.
La última noticia trata sobre Sant Pol de Mar. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sentenciado que el Ayuntamiento de la localidad había cedido ilegalmente la explotación de la emisora municipal. Entre otros hitos conseguidos está el del Ayuntamiento de Barcelona y la emisora de barrio Ràdio Gràcia con la empresa Lúdic 3, o el de Gerona que anuló el contrato con Digital Hits.
Hay muchos casos más, no solo en Cataluña y no en concreto con el tema de quién acaba gestionando la emisora municipal. ¿Hablamos de coberturas? ¿Cuántas emisoras municipales emiten con una potencia superior a la establecida en la concesión? ¿Cuántas emiten con o sin autorización la programación de alguna cadena de radio privada? Haberlas, hay las.
